El Gobierno nacional logró que la Justicia dictara una medida cautelar que prohíbe la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, presuntamente grabados en la Casa Rosada. La decisión, a cargo del juez civil y comercial federal Alejandro Patricio Maraniello, fue calificada como un caso de censura previa e inmediatamente desató una fuerte controversia jurídica y política.

El fallo ordena a medios de comunicación, plataformas digitales y redes sociales abstenerse de publicar los registros, argumentando que la libertad de expresión debe «ceder ante las graves repercusiones» que podría generar la divulgación del material. Sin embargo, especialistas en derecho constitucional advirtieron que la medida vulnera tanto la Constitución Nacional como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que solo permiten la censura previa en casos muy específicos, como espectáculos públicos dirigidos a menores de edad.

La reacción oficial estuvo acompañada por una denuncia penal presentada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que pidió allanamientos a periodistas y al canal de streaming Carnaval, donde se difundieron los primeros fragmentos. La presentación incluso deslizó la hipótesis de una «operación de inteligencia ilegal» vinculada a espías rusos, una teoría que generó escepticismo en ámbitos judiciales y mediáticos.

Mientras tanto, los periodistas que revelaron los audios denunciaron amenazas e intimidaciones. Jorge Rial relató que un Ford Falcon permaneció frente a su casa durante horas, hecho que asoció con prácticas de la dictadura militar. Su colega Mauro Federico también afirmó haber sido hostigado en las inmediaciones del canal.

La polémica se agravó por los antecedentes del juez Maraniello. Según trascendió, el magistrado enfrenta seis expedientes abiertos en el Consejo de la Magistratura por denuncias de acoso sexual, maltrato laboral y abuso de poder. En tribunales se mencionó la posibilidad de un «forum shopping», es decir, la asignación deliberada de la causa a un juez con intereses o presiones que lo harían más proclive a fallar en línea con el oficialismo.

El caso pone en tensión los límites entre la privacidad de funcionarios de alto rango, la libertad de prensa y el derecho de la sociedad a estar informada. Pero también abre un nuevo frente de críticas al Gobierno de Javier Milei, acusado de utilizar recursos judiciales para restringir la cobertura mediática de un escándalo que involucra a su entorno más cercano.