El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.793, que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta diciembre de 2026, pero resolvió suspender su aplicación inmediata por falta de financiamiento definido. En paralelo, anunció la eliminación total de las retenciones a las exportaciones de granos hasta el 31 de octubre, con el objetivo de acelerar la liquidación de divisas por parte del sector agroexportador. La combinación de ambas decisiones expone una fuerte contradicción en la política fiscal y social del Gobierno.

Emergencia en discapacidad: promulgada pero suspendida

La promulgación de la norma fue oficializada mediante el Decreto 681/2025, luego de que el Congreso insistiera y dejara sin efecto el veto presidencial. Sin embargo, el Ejecutivo condicionó su puesta en marcha a que el Parlamento precise el origen de los fondos necesarios. Según cálculos oficiales, el costo de implementación ascendería a más de $3 billones en 2025 y 2026, equivalentes al 0,35% del PBI.

En su justificación, el Gobierno sostuvo que la ley carece de previsión presupuestaria y que su ejecución afectaría el equilibrio fiscal. De este modo, trasladó la responsabilidad al Congreso, mientras mantiene en suspenso el inicio de nuevas pensiones y la cobertura prevista en el marco de la emergencia.

Retenciones cero: alivio para el campo, costo para el Estado

Al mismo tiempo, y en un intento por contener la presión cambiaria, la Casa Rosada dispuso «retenciones cero» a todos los granos hasta el 31 de octubre. El vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió la medida como un incentivo para aumentar la oferta de dólares en el corto plazo.

La decisión fue tomada tras una semana en la que el Banco Central perdió más de 1.100 millones de dólares en reservas para frenar la escalada del tipo de cambio. Según estimaciones privadas, la quita transitoria de derechos de exportación podría implicar una pérdida de ingresos fiscales cercana a los 1.200 millones de dólares.

Contradicciones en la política económica y social

El contraste entre ambas medidas es evidente: mientras el Gobierno argumenta que «no hay plata» para garantizar financiamiento a un sector vulnerable como las personas con discapacidad —posponiendo la ejecución de una ley votada por amplia mayoría en el Congreso—, renuncia voluntariamente a una fuente significativa de ingresos al eximir de retenciones a las exportaciones agropecuarias.

En los hechos, se prioriza la urgencia de obtener divisas en el corto plazo por sobre el sostenimiento de políticas sociales básicas, profundizando las críticas sobre la orientación del programa económico y la coherencia de la estrategia oficial.