El presidente Javier Milei oficializó el veto total a dos leyes aprobadas por el Congreso: la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia Pediátrica para el Hospital Garrahan. Ambas decisiones fueron publicadas en el Boletín Oficial y justificadas en la necesidad de preservar el «equilibrio fiscal» y evitar un «aumento desmedido e irresponsable del gasto público».
El veto a la ley universitaria frenó una norma que había sido sancionada con amplia mayoría en ambas cámaras y que contemplaba la actualización bimestral por inflación de los gastos de funcionamiento de las universidades, la reapertura de paritarias para docentes y no docentes y la asignación de un 1% del PBI al sector. Según el decreto, su aplicación hubiera significado un gasto adicional de más de $1 billón en 2025 y $2 billones en 2026, sin «fuentes de financiamiento concretas y suficientes».
En paralelo, el rechazo a la emergencia pediátrica en el Garrahan desactivó una ley que habilitaba recomposición salarial para su personal y fortalecimiento presupuestario del hospital. El Gobierno calculó un impacto fiscal de $115.030 millones y sostuvo que esa erogación desfinanciaría otros programas de salud. Comparó el monto con un tercio del calendario nacional de vacunas o tres veces el presupuesto destinado a la cobertura en VIH y tuberculosis, entre otros.
Las reacciones fueron inmediatas. La Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan convocó a un paro y movilización para este viernes y sábado, mientras que las federaciones universitarias y los gremios docentes anunciaron un paro nacional de 24 horas y una Marcha Federal cuando el Congreso trate el rechazo al veto.
En el plano político, la oposición ya anticipó que buscará insistir en las leyes en sesiones especiales previstas para la próxima semana. El antecedente inmediato es el rechazo legislativo al veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, lo que elevó la expectativa de que el Congreso vuelva a imponerse sobre la Casa Rosada.
Los vetos llegan en un momento de debilidad para el Ejecutivo tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y en medio de denuncias de corrupción que afectan al entorno presidencial. Gobernadores nucleados en el bloque de Provincias Unidas advirtieron que esperan señales concretas de negociación, mientras aguardan definiciones sobre otra ley clave pendiente de veto: la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
La estrategia oficialista, según confirmaron fuentes de la Casa Rosada, seguirá inalterable: ajuste fiscal estricto, control monetario y continuidad de las metas pactadas con el FMI.
