Los bloques de la oposición y la bancada de Unión por la Patria (UxP) en la Cámara de Diputados han solicitado una sesión especial para el próximo miércoles a las 11:00 con el fin de rechazar el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. La medida del Ejecutivo, formalizada a través del Decreto 879/2024 y publicada en el Boletín Oficial, ha generado un fuerte rechazo en el ámbito legislativo y en la comunidad educativa, que días atrás se manifestó masivamente en defensa del presupuesto para las universidades públicas.

Para poder revertir el veto, los bloques opositores de la UCR, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, la izquierda y UxP deberán reunir el apoyo de dos tercios de los diputados presentes en la sesión. Sin embargo, este objetivo se presenta complejo, ya que en situaciones similares anteriores, como en el caso del veto al aumento de jubilaciones, la oposición no logró conseguir los votos necesarios y el oficialismo, junto a otros bloques, pudo mantener la medida del Ejecutivo.

Unidades de oposición y desafíos de quórum

Los pedidos de sesión fueron presentados en forma separada por distintas fuerzas políticas. Uno de ellos fue impulsado por el presidente de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, acompañado por Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, Oscar Agost Carreño, Emilio Monzó, Nicolás Massot, Juan Brugge y Mónica Fein. También se sumaron Juan Manuel López y Paula Oliveto de la Coalición Cívica, Sergio Acevedo de Santa Cruz y Osvaldo Llancafilo del Movimiento Popular Neuquino (MPN).

Por su parte, el bloque de la UCR formalizó su solicitud a través de su presidente, Rodrigo de Loredo, y contó con el respaldo de diputados como Carla Carrizo, Danya Tavale, Martín Tetaz, Facundo Manes, Julio Cobos y Marcela Antola. A su vez, el pedido de UxP fue encabezado por el presidente del bloque, Germán Martínez, junto a la vicepresidenta primera de la Cámara, Cecilia Moreau, y otros referentes como Paula Penacca, Blanca Osuna, Carlos Heller, Constanza Alonso y Daniel Arroyo.

En la sesión que aprobó la ley el pasado 15 de agosto, la norma fue sancionada con 144 votos a favor, 77 en contra y una abstención, con varios diputados ausentes. De repetirse esa votación, el oficialismo y sus aliados podrían superar nuevamente el tercio necesario para mantener el decreto presidencial.

Los argumentos del veto

El presidente Milei justificó el veto alegando que la ley sancionada «es manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento». Según el Ejecutivo, la implementación de esta ley demandaría un gasto adicional de 811.569 millones de pesos, lo que representaría un fuerte impacto en el presupuesto nacional, y pondría en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Entre los fundamentos del decreto, el Gobierno también afirmó que la ley generaría «un privilegio para el personal de las Universidades Nacionales respecto del resto del personal de la Administración Pública Nacional», y que los aumentos salariales deberían resolverse en el marco de la negociación colectiva. Además, destacó que el 49% del presupuesto restante de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano debería destinarse a la recomposición y actualización salarial de docentes y no docentes.

Por otro lado, la Oficina de Presupuesto estimó que el impacto fiscal de la medida sería de 738.595 millones de pesos, equivalente al 0,14% del PBI, y que su aplicación requeriría fuentes extraordinarias de financiamiento.

La batalla legislativa

El desafío para los bloques opositores es conseguir el respaldo necesario para revocar el veto presidencial y restituir la ley aprobada, que buscaba aumentar los recursos destinados a las universidades nacionales. El resultado de la votación dependerá de la capacidad de los distintos sectores para reunir quórum y movilizar a sus diputados en un escenario legislativo que se presenta ajustado y cargado de tensiones políticas.

Mientras tanto, el veto y la respuesta de la oposición se han convertido en un nuevo foco de conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso, en un contexto en el que el financiamiento de la educación pública sigue siendo un tema central en la agenda del país.