La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó al Estado argentino transferir el 51% de las acciones Clase D de YPF al fondo Burford Capital, en el marco del juicio por la estatización de la petrolera en 2012. Se trata de la participación adquirida por el Estado a Repsol y que actualmente sigue bajo control público.

Burford, que compró los derechos de litigio del Grupo Petersen y Eton Park, reclama una indemnización de 16.099 millones de dólares por supuestas irregularidades en el proceso de expropiación, principalmente por la omisión de una oferta pública a los accionistas minoritarios, tal como lo establecía el estatuto de la empresa.

La orden judicial no incluye a YPF como parte directa del juicio, pero sus acciones son el principal activo perseguido por los litigantes. La jueza dio un plazo de 14 días para efectuar la transferencia, aunque Argentina puede apelar o pedir la suspensión de la ejecución.

Desde el gobierno, el presidente Javier Milei anunció que se apelará el fallo “en todas las instancias que corresponda”, y responsabilizó públicamente al exministro Axel Kicillof por el diseño de la estatización.

La decisión judicial generó una fuerte caída en el valor bursátil de YPF, tanto en Nueva York como en la Bolsa porteña. Mientras tanto, sectores vinculados a la defensa del patrimonio nacional alertan que cualquier cesión de acciones debería ser aprobada por el Congreso argentino, conforme a la ley de reestatización de 2012.