El diputado nacional de La Libertad Avanza por Tierra del Fuego, Santiago Pauli, fue denunciado por su propio entorno político por un presunto esquema de recaudación interna a partir del cobro del ítem «desarraigo» —un adicional que ronda los 500 mil pesos mensuales— perteneciente a los asesores legislativos. La maniobra habría servido para financiar actividades partidarias, en abierta contradicción con el discurso de austeridad y ética pública que promueve el espacio libertario.
La denuncia fue formulada públicamente por Rolando Correa, actual asesor del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura fueguina, quien aseguró que Pauli le exigió transferirle mensualmente el monto completo del beneficio. Según relató, los pagos se realizaron mediante transferencias bancarias a un colaborador identificado como Martín Agüero y también en efectivo.
Los audios que acompañan la acusación —siete fragmentos de una misma llamada telefónica entre Pauli y Correa— exponen a un legislador presionando a su empleado para que «devuelva el 100% del desarraigo», bajo la amenaza de dar de baja contratos y reemplazarlos por «gente que cobre y nos pase la totalidad». En uno de los pasajes, Pauli se queja de que «nadie está poniendo» y considera «una locura vender empanadas para pagar alquileres cuando tenemos el desarraigo».
El ítem desarraigo, pagado con fondos públicos, fue creado para compensar los gastos de quienes trabajan lejos de su residencia. En Tierra del Fuego, ronda los 561 mil pesos y no tributa aportes ni contribuciones. Sin embargo, según Correa, en La Libertad Avanza se habría convertido en una fuente de financiamiento partidario, administrada fuera de los mecanismos formales y sin rendición de cuentas.
El denunciante afirmó que al menos otros tres asesores estaban en la misma situación, y que el reclamo económico provenía directamente de la estructura política que responde a Pauli. También mencionó a la legisladora Natalia Gracianía y al candidato libertario Miguel Rodríguez como parte del circuito interno de presión.
El escándalo expone una contradicción estructural del espacio que gobierna el país: un partido que llegó al poder denunciando los privilegios de la «casta» y la corrupción estatal, ahora aparece involucrado en prácticas que encajan precisamente en aquello que decía combatir.
Desde el entorno del diputado no hubo respuestas a los medios que intentaron contactarlo. La denuncia, sin embargo, ya circula con fuerza en ámbitos judiciales y políticos, y podría derivar en causas por defraudación, malversación de fondos o abuso de autoridad.
Más allá de las eventuales responsabilidades penales, el episodio deja al descubierto la distancia entre el discurso libertario y sus métodos reales de gestión: mientras predican transparencia, reproducen los vicios más antiguos de la política argentina, amparándose en la impunidad y el silencio. En un contexto de ajuste extremo y recortes sociales, los mismos que llaman a «achicar el Estado» parecen encontrar en él una caja propia que financiaría su maquinaria partidaria.
