Los diputados fueguinos Agustín Coto y Santiago Pauli, representantes de La Libertad Avanza, enfrentan una creciente presión para pronunciarse sobre los recientes cuestionamientos del Gobierno nacional al régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. Las críticas provinieron de altas figuras del Ejecutivo y generaron inquietud sobre el futuro del modelo productivo de la provincia.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fueron quienes encabezaron los señalamientos contra el régimen, alegando que este favorece un esquema de ensamblaje con escasa producción nacional y altos costos para los consumidores. Sturzenegger incluso estimó que su eliminación implicaría una pérdida neta de 60.000 empleos en todo el país, aunque reduciría significativamente el precio de productos electrónicos.

El presidente Javier Milei no se mantuvo al margen: replicó en redes sociales publicaciones que tildan a la industria fueguina de «falsa industria nacional» y sugieren reconvertir el modelo productivo provincial hacia uno basado en el turismo, llegando incluso a imaginar a Tierra del Fuego como un «parque de diversiones mundial».

La postura del Gobierno también incluye el respaldo a la instalación de granjas salmoneras, una actividad prohibida por ley en la provincia debido a sus impactos ambientales. Esta posibilidad ha encendido las alarmas entre organizaciones ambientalistas y amplios sectores de la comunidad local, que ya se han manifestado en contra de este tipo de proyectos.

En este contexto, la sociedad fueguina espera que Coto y Pauli definan con claridad si apoyarán las políticas impulsadas por el oficialismo nacional, o si asumirán un rol de defensa del régimen de promoción y del desarrollo económico de la provincia. Su silencio hasta ahora ha generado críticas y preocupación en distintos sectores, que exigen una definición ante un tema que afecta de manera directa al futuro de Tierra del Fuego.