El juez de Ejecución de Condenas Manuel Isidoro López autorizó al condenado Darío “el gringo” Weiss, preso desde 2018 por el abuso sexual agravado de dos niñas, a trasladarse desde la Unidad de Detención de Río Grande hasta la ciudad de Ushuaia, donde permaneció libre de custodia durante cinco días para ocuparse de asuntos comerciales vinculados a sus empresas privadas.

Weiss, quien cumple una pena de ocho años de prisión, es dueño de una concesionaria de automóviles y de una distribuidora de bebidas. El permiso otorgado cubrió los días 31 de mayo al 4 de junio de 2025, período en el que se le permitió residir en una vivienda cercana al Autódromo municipal de la capital provincial. Según el expediente, el objetivo de la salida fue “mantener reuniones con empleados y directivos” de sus empresas, en el marco de un supuesto acuerdo comercial “del que dependería la continuidad laboral de los convocados”.

El beneficio judicial fue concedido a pesar de haber sido rechazado por el fiscal interviniente, y se dispuso que Weiss no tuviera custodia policial durante su estadía fuera del penal. Solo fue monitoreado de forma electrónica. El juez también le concedió autorización para visitar el domicilio de su madre durante cuatro horas, bajo el argumento de que la mujer habría sufrido un accidente doméstico.

La decisión de permitir que una persona condenada por delitos sexuales gravísimos se desplace libremente y sin custodia para atender intereses económicos personales, plantea interrogantes sobre el criterio judicial aplicado en este caso. El juez López consideró justificado que un condenado por abuso sexual infantil sea liberado temporalmente para sostener sus negocios, priorizando esa actividad privada en el marco de una condena penal vigente.

El caso deja en evidencia un uso de las herramientas judiciales que, lejos de restringir libertades a personas condenadas por crímenes especialmente graves, les otorga excepciones que desdibujan el sentido de la pena impuesta.