Estados Unidos llevó adelante una ofensiva militar de gran escala contra la República Bolivariana de Venezuela que incluyó bombardeos sobre Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, así como el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores. La operación fue reconocida públicamente por el presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó que ambos fueron capturados y trasladados fuera del país tras un ataque aéreo «a gran escala», ordenado directamente desde la Casa Blanca.

El Gobierno venezolano calificó los hechos como una «gravísima agresión militar» y denunció una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, en particular de los principios de soberanía, igualdad jurídica de los Estados y prohibición del uso de la fuerza. En un comunicado oficial, Caracas sostuvo que el objetivo central de la ofensiva no es otro que el control de los recursos estratégicos del país, especialmente el petróleo y los minerales, mediante un intento de imponer por la fuerza un cambio de régimen.

Tras los ataques, el Ejecutivo venezolano decretó el estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional y ordenó la activación de los mecanismos de defensa, al tiempo que exigió a Washington una «prueba de vida inmediata» del presidente Maduro y de su esposa. También anunció que recurrirá al Consejo de Seguridad de la ONU, a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y al Movimiento de Países No Alineados para exigir la condena internacional y responsabilidades políticas y jurídicas contra Estados Unidos.

La reacción internacional fue inmediata. China expresó estar «profundamente consternada» y condenó enérgicamente el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un Estado soberano, señalando que se trata de un acto hegemónico que amenaza la paz y la seguridad regional. En el mismo sentido, Rusia exigió la liberación inmediata de Maduro y de la primera dama, instando a resolver cualquier conflicto por la vía del diálogo y no de la agresión militar.

Desde Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva rechazó los bombardeos y la captura del mandatario venezolano, calificándolos como una línea «inaceptable» que sienta un precedente extremadamente peligroso para la comunidad internacional y evoca los peores momentos de injerencia en América Latina y el Caribe. Lula advirtió que este tipo de acciones erosionan el multilateralismo y promueven un escenario de violencia e inestabilidad global.

En paralelo, el gobierno estadounidense intentó justificar la ofensiva bajo acusaciones de «narcoterrorismo» contra las autoridades venezolanas, imputaciones que Caracas calificó como infundadas y funcionales a encubrir un objetivo económico y geopolítico. Voceros del Gobierno bolivariano remarcaron que organismos internacionales y agencias como la propia DEA han señalado que Venezuela no constituye una ruta principal del narcotráfico hacia Estados Unidos.

La escalada militar se inscribe en un proceso previo de bloqueo económico, confiscación de cargamentos de petróleo venezolano y despliegue naval en el Caribe, acciones que el Ejecutivo venezolano denunció como actos de piratería internacional. Desde Caracas se insistió en que estas medidas forman parte de una estrategia colonial orientada a apropiarse de las riquezas naturales del país y someter su autodeterminación política.

En Argentina, el presidente Javier Milei celebró públicamente la captura de Nicolás Maduro a través de sus redes sociales, alineándose de manera explícita con la ofensiva estadounidense. Funcionarios y referentes del oficialismo y sectores aliados, incluidos dirigentes del PRO, expresaron su apoyo al ataque militar, respaldando la intervención extranjera en territorio venezolano y el secuestro de su presidente.

Mientras continúan las tensiones diplomáticas y militares, Venezuela reiteró que se reserva el derecho a ejercer la legítima defensa y llamó a la solidaridad internacional frente a lo que definió como una agresión imperialista contra su soberanía y su pueblo.