Tras una semana de paro, sindicatos y empresas sellaron un compromiso para preservar el empleo. No obstante, la eliminación de aranceles sigue generando tensiones con la Casa Rosada.
Representantes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) nacional, de Ushuaia y de Río Grande —Abel Furlán, Héctor Tapia y Oscar Martínez, respectivamente— junto con autoridades del Grupo Mirgor y de la cámara empresaria AFARTE, acordaron una serie de medidas que garantizan la estabilidad laboral en Tierra del Fuego hasta fines de 2025.
El pacto, firmado tras varios días de protestas y movilizaciones, establece la reincorporación de los trabajadores a sus puestos, la suspensión de despidos sin causa y el congelamiento de la finalización de contratos temporales, salvo en los casos previamente negociados entre la UOM Río Grande y las empresas FAPESA y SOLNIK S.A.
El acuerdo incluye también un compromiso conjunto para preservar la paz social y evitar nuevas medidas de fuerza, en un contexto de incertidumbre provocado por el Decreto 333/25, mediante el cual el Gobierno nacional eliminó aranceles e impuestos internos a productos electrónicos importados, golpeando fuertemente al sector fueguino.
Además, en los próximos diez días se conformará una mesa de diálogo que reunirá a representantes empresariales, sindicales y autoridades tanto provinciales como nacionales. El objetivo será construir propuestas viables para mantener la producción local y proteger los puestos de trabajo.
El gobernador Gustavo Melella celebró el entendimiento en declaraciones radiales, destacando que «las empresas se comprometieron a conservar los puestos de trabajo y reordenar la producción». También adelantó la firma de un acta conjunta entre todos los actores involucrados y no descartó recurrir a la Justicia para frenar los efectos del decreto nacional.
El conflicto se originó por el rechazo a la eliminación de los aranceles a celulares y la reducción de impuestos internos sobre televisores y aires acondicionados, lo que pone en riesgo el 45% de la producción electrónica nacional, concentrada en Tierra del Fuego. La medida podría afectar a más de 6 mil empleos directos y miles más de forma indirecta.
A pesar del acuerdo alcanzado en la provincia, el conflicto con el Ejecutivo nacional continúa sin resolverse. «No hay ninguna marcha atrás con las decisiones adoptadas», afirmó el vocero presidencial y legislador electo, Manuel Adorni, ratificando la postura oficial.